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Publicado: 16 Abr 2019

El control de constitucionalidad y convencionalidad, la interpretación conforme y el principio pro persona

Algunos de los conceptos más confundidos entre los juristas son el control difuso, la interpretación conforme y el principio pro persona. El presente artículo pretende esclarecer estos conceptos.

El control de constitucionalidad (difuso y concentrado)

El control de constitucionalidad y de convencionalidad existe en dos vertientes: el control concentrado y el control difuso. Estos controles son usados por juzgadores en todo el país para determinar si una norma es violatoria de derechos humanos.

El control concentrado puede ejercerse a través de los medios previstos en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero está reservado para los juzgadores del Poder Judicial de la Federación. De esta manera, el referido control únicamente puede ejercerse a través de vías directas, como el amparo directo, amparo indirecto, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. La consecuencia del control concentrado es una declaratoria de inconstitucionalidad sobre las normas que se consideren violatorias de derechos humanos.

No obstante, todos los demás Juzgadores tienen a su disposición el control difuso de constitucionalidad, con motivo de los artículos 1º y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto significa que cualquier Juzgador se encuentra en posibilidad de realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad, y determinar que una norma interna es contraria a derechos humanos. A diferencia del control concentrado, que acarrea una declaratoria de inconstitucionalidad, el control difuso únicamente conlleva la inaplicación de la norma interna en el caso específico.

La interpretación conforme (y el principio pro persona)

Ahora bien, al momento de realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad, sea concentrado o difuso, hay tres instancias que los Juzgadores deben de agotar para determinar el sentido de su resolución:

  1. Interpretación conforme en sentido amplio.
  2. Interpretación conforme en sentido estricto.
  3. Declaratoria de inconstitucionalidad o inaplicación.

La descripción de estas tres instancias ha sido establecida desde hace varios años, y se puede apreciar de la Tesis Aislada P. LXIX/2011(9a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

  • PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. 
  • La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país - al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano- , deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte. 

 

La primera instancia, la interpretación conforme en sentido amplio, se refiere al esfuerzo que el Juzgador debe hacer para interpretar la norma en pugna de una manera que resulte acorde a derechos humanos. Si el Juzgador concluye que existe solamente una interpretación de la norma impugnada, sin exceder de su facultad interpretativa y caer en una actividad legislativa (como suele suceder), y esta interpretación respeta los derechos humanos del gobernado, entonces el control de constitucionalidad y convencionalidad habrá terminado. En este caso, la norma referida seguirá formando parte de la esfera jurídica del gobernado.

No obstante, si el Juzgador consigue más de una interpretación de la norma en pugna, deberá aplicar una interpretación conforme en sentido estricto. Aquí entra en funciones el famosísimo principio pro persona. Este principio señala que en caso de que el Juzgador se encuentre ante dos o más posibles interpretaciones de una norma, deberá aplicar aquella que otorgue la mayor protección al gobernado. Esto se puede advertir de la reciente Tesis Aislada 1a. CCVII/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

  • PRINCIPIO PRO PERSONA. SÓLO PUEDE UTILIZARSE EN SU VERTIENTE DE CRITERIO DE SELECCIÓN DE INTERPRETACIONES CUANDO ÉSTAS RESULTAN PLAUSIBLES.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas de derechos humanos se interpretarán y aplicarán "favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia", ello implica que el principio pro persona opera como un criterio que rige la selección entre: (i) dos o más normas de derechos humanos que, siendo aplicables, tengan contenidos que sea imposible armonizar y que, por tanto, exijan una elección; o (ii) dos o más posibles interpretaciones admisibles de una norma, de modo que se acoja aquella que adopte el contenido más amplio o la limitación menos restrictiva del derecho. Así, es importante que tanto las normas entre las que se elige como las interpretaciones que se pretendan comparar sean aplicables en el primer caso y plausibles en el segundo, por ser el resultado de técnicas válidas de interpretación normativa. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 1a./J. 104/2013 (10a.) y 1a./J. 10/2014 (10a.), sostuvo que el principio pro persona no puede entenderse como una exigencia para que se resuelva de conformidad con las pretensiones de la parte que lo invoque, ni como un permiso para soslayar el cumplimiento a los requisitos de admisibilidad o procedencia de recursos y medios de impugnación, aunque sí exige que su interpretación se realice en los términos más favorables a las personas. Lo anterior, refleja que el principio pro persona debe beneficiar a quienes participen dentro de un procedimiento jurisdiccional, ya que opera como criterio para determinar el fundamento, alcances, regulación y límites de los derechos humanos de cada una, según se encuentren en juego en un asunto, mientras que su falta de utilización puede ser reclamada en juicio por el efecto potencialmente perjudicial que podría tener para la tutela de un derecho humano.

De manera que, contrario a lo que muchos litigantes pretenden, el principio pro persona solamente existe bajo el contexto de una interpretación conforme en sentido estricto que un Juzgador realice en un control de constitucionalidad y convencionalidad. Este principio ayuda al Juzgador a escoger la interpretación que debe prevalecer. Si el Juzgador consigue que prevalezca una interpretación que respete los derechos humanos del gobernado, el control de constitucionalidad y convencionalidad habrá terminado.

Finalmente, la tercera instancia del control de constitucionalidad y convencionalidad implica la declaratoria de inconstitucionalidad o inaplicación de la norma (dependiendo de si se ejerce un control concentrado o difuso, respectivamente). Esta instancia aparece únicamente cuando exista una sola interpretación de la norma, la cual resulta violatoria de derechos humanos, o exista más de una interpretación de la norma, pero todas resulten violatorias de derechos humanos. Ello significa que las interpretaciones conforme en sentidos amplio y estricto han sido infructíferas para proteger los derechos de los gobernados. Por lo tanto, como esa norma no puede respetar los derechos de los gobernados de ninguna manera, la misma debe ser purgada.

Conclusión

Todos los Juzgadores (algunos argumentarían que todas las autoridades) están facultados para realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad sobre cualquier norma. Al realizar este control, deben seguir tres instancias. La primera instancia, interpretación conforme en sentido amplio, pretende otorgar a la norma una única interpretación que sea acorde a derechos humanos. La segunda instancia, interpretación conforme en sentido estricto, define cuál debe prevalecer cuándo exista más de una posible interpretación. Para cumplir esa función, se debe atender el principio pro persona, que solamente existe bajo el contexto de la interpretación conforme en sentido estricto. La última instancia, y último recurso de los Juzgadores, es la declaratoria de inconstitucionalidad o inaplicación de la norma cuando. Una clara distinción entre estos conceptos ayudará a que los argumentos de los litigantes se proyecten de manera más eficiente ante los Juzgadores.


Autor: Lic. Luis Alberto Romero Topete, LL.M.



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